La Policía Nacional ha detenido a dos personas por un delito contra los derechos de trabajadores extranjeros

  • Los detenidos tenían trabajando como repartidores a personas que carecían de carnet alguno. También manipulaban alimentos sin ningún tipo de curso o carnet que lo permitiera
  • A los empleados extranjeros en situación irregular y en situación de vulnerabilidad les quitaban la documentación y les prometían regularizar su situación en España

Agentes de la Policía Nacional de Alcoy y de Elda han detenido a dos hombres por un delito contra el derecho de los trabajadores, tras una laboriosa investigación en la que se inspeccionaron cuatro establecimientos en las localidades de Bañeres de Mariola, Sax y Castalla, en una operación conjunta de las Brigadas de Extranjería y Fronteras de ambas Comisarías Locales, la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Se comprobó que en esos establecimientos trabajan 9 personas extranjeras los cuales no contaban con contratos de trabajo en vigor, además de observar una serie de infracciones en el orden social que habían sido denunciadas.

Todo comenzó cuando se identificó a una persona que había sufrido un accidente con una motocicleta de una empresa de reparto de comida en la localidad de Bañeres de Mariola. El herido desveló que se encontraba en situación irregular en España, pero que trabajaba de manera ilegal, desde mediados del año pasado. En cuanto tuvo oportunidad se puso en contacto con su jefe, el cual se desentendió de esta situación y manifestó que apenas conocía al herido y que no era problema suyo.

Al verse desamparado, relató a los agentes el calvario que había vivido desde que comenzó a trabajar para dicha empresa. Denunció que al principio no recibía dinero alguno, trabajaba a cambio de la promesa de regularizar su situación, de alimento y de alojamiento, pero que un momento dado, su jefe tuvo miedo por ser descubierto y le echó de su casa, quedándose con su documentación. Desde entonces, vivía en la calle y recibía la cuantía de 400 euros por turnos de trabajo de 12 horas diarias en condiciones de explotación laboral. Debido a que vivía en la calle, tenía las manos inflamadas por el frío que pasaba y sufría heridas en las mismas, pero aún así continuaba trabajando y manipulando alimentos sin tener ningún tipo de curso o carnet que lo permitiera. De igual manera, su jefe era conocedor de la falta de carnet alguno de conducción, diciéndole que no importaba, que si ocurría algo él se haría cargo.

Los agentes comenzaron la investigación comprobando que una empresa cuya actividad se desarrollaba en tres establecimientos de restauración y una frutería, ubicadas en Castalla, Sax y Bañeres, estaban cometiendo abusos a sus trabajadores contratando a personas extranjeras cuya situación en España era irregular y que  aprovechando esta situación de extrema necesidad y de carencias de todo tipo, obtenían con ello un beneficio económico.

Fruto de los avances de la investigación se pudo constatar que se realizaban una serie de infracciones en el orden social, ya  que en estos establecimientos trabajaban 9 personas extranjeras que no contaban con contratos de trabajo en vigor. Por ello, se incoó un expediente por parte de Inspección de Trabajo. También se identificaron a cuatro trabajadores que se encontraban en situación irregular en España.

Las detenciones llegaron finalmente, por una parte se detuvo a dos personas por Infracción a la Ley de Extranjería y por otra, al administrador y al encargado del establecimiento de Bañeres de Mariola por un presunto delito contra  los  derechos de los trabajadores, al utilizar engaño y prácticas abusivas con sus trabajadores en cuanto a sus condiciones laborales, así como por una  infracción a la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, por no proporcionar condiciones de seguridad e higiene adecuadas, poniendo en peligro grave la salud, la integridad y la propia la vida de sus trabajadores.

Los detenidos, de nacionalidad pakistaní, de 43 y 35 años de edad, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de las mismas localidades donde se practicaron las detenciones.

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